Medidas de Conservación

DIRECTIVA HÁBITATS. ART. 6.1

1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares.


Este artículo:

  • Establece la obligación de que en cada ZEC se fijen, obligatoriamente, medidas reglamentarias, administrativas o contractuales de conservación.
  • Permite que puedan establecerse también planes de gestión, pero éstos nos son obligatorios, sino potestativos. Además, no tienen por qué ser específicos e independientes para el lugar, pudiendo integrarse en "otros planes de desarrollo".
  • Obliga a que las medidas y los planes respondan a las exigencias ecológicas de los hábitats y las especies de interés comunitario que motivaron la designación de la ZEC.

Las medidas reglamentarias serían disposiciones generales de tipo normativo o regulatorio (por ejemplo, legislación nacional o autonómica referida a la planificación, la conservación o la gestión de la zona.

Las medidas administrativas serían disposiciones de naturaleza administrativa o procedimental (por ejemplo, régimen de autorizaciones o restricciones regladas para la realización de actividades, o dotación presupuestaria para acciones de conservación).

Las medidas contractuales serían acuerdos estipulados entre las Administraciones Públicas y sujetos públicos o privados (por ejemplo, contratos entre la Administración competente y los propietarios de terrenos incluidos en un lugar de la Red).

En su Manual "Gestión de Espacios Natura 2000: Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats", del año 2000 (al que llamaremos a partir de ahora "Manual GN2000") la Comisión Europea ha venido a explicar el contenido de este artículo. Así, en él se explicita que:

  • No hay jerarquía entre las medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, lo que hay que establecer obligatoriamente es alguna de ellas. Así, las medidas de conservación de las ZEC pueden contenerse solamente en medidas reglamentarias, o en medidas administrativas o en medidas contractuales, o mediante una combinación de dos o tres de estos tipos de medidas.
  • Estas medidas tienen que:
    • Tener en cuenta las necesidades socioecómicas de los lugares.
    • Responder a las exigencias ecológicas de los hábitats del anexo I y de las especies del anexo II presentes en cada lugar y
    • Cumplir con el objetivo general de la Directiva de mantener o restablecer en un estado de conservación favorable los hábitats y las especies de interés comunitario.
  • En cuanto a las medidas contractuales, la Comisión indica que si los Estados optan por ellas, tendrán en cualquier caso la obligación de "determinar con carácter permanente las medidas de conservación necesarias".

Como ejemplo de medidas contractuales posibles la Comisión indica las medidas agroambientales y las medidas silviambientales:

Medidas agroambientales: en el caso de algunos tipos de hábitats seminaturales del anexo I creados por los seres humanos (prados, pastos, etc.) y de especies del anexo II presentes en ellos, los acuerdos con agricultores en el marco del nuevo reglamento sobre desarrollo rural serán en la mayoría de los casos medidas contractuales suficientes para mantener un «estado de conservación favorable» de tipos de hábitats y especies.

Medidas silviambientales: una medida adecuada puede ser una iniciativa de una empresa forestal en el marco de un régimen de certificación dado, siempre que dicha iniciativa garantice el mantenimiento de un «estado de conservación favorable».

  • En cuanto a los planes de gestión, la Comisión recalca su carácter potestativo , e indica que si un Estado opta por ellos, en muchos casos será conveniente elaborarlos antes de determinar las obligatorias medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, en especial si van a utilizarse estas últimas, ya que éstas implicarán con frecuencia una relación entre la administración y los propietarios particulares y estarán limitadas a terrenos que, en general, son más pequeños que los espacios que son ZEC.

En palabras de la Comisión "un plan de gestión centrado en el espacio proporcionará un marco más amplio y su contenido constituirá un punto de partida de gran valor para desarrollar los pormenores de las medidas contractuales".

Otra idea importante a retener es que estas medidas de conservación deberán estar listas y ser aplicables para el momento en que la ZEC se designe oficialmente. Así debe entenderse si se combina lo estipulado en este artículo 6.1 y lo estipulado en el Art. 4.5 de la Directiva, que fija un plazo de seis años para designar como ZEC los "LIC OFICIALES", permitiendo que se fije un orden de prioridades en la designación. Dicho de otro modo, a partir de la aprobación de los LIC OFICIALES, se abre un plazo de seis años para designar las ZEC y concretar sus medidas de conservación, de modo tal que la designación de cada ZEC implique de modo automático y simultáneo la aplicación de su régimen de conservación.

En general, y en la práctica, la mayoría de los países están tendiendo a establecer planes de gestión (práctica alentada por la Comisión Europea). Las medidas contractuales también parece que van a ser utilizadas por algunos Estados. Para más información sobre ambas posibilidades consultar los siguientes documentos:

Asimismo, la Comisión Europea ha habilitado una página web dedicada en exclusiva a las "Buenas practicas de gestión de la Red Natura 2000",en donde se ofrecen ejemplos prácticos de practicas de gestión exitosas y soluciones en agricultura, bosques, ríos, aguas marinas y humedales.

Jurisprudencia asociada.

Existe sólo una Sentencia del TJCE relacionada con las "medidas de conservación" en ZEC, y tan sólo relacionada con la necesidad de transponer la obligación de que las autoridades nacionales dicten y establezcan estas medidas de conservación.

  • (8)Sentencia de 6 de abril de 2000 (Asunto C - 256/98). Comisión - República francesa: No incorporación del artículo 6.

Se trata de la Sentencia de 6 de abril de 2006 y, en ella, el Tribunal acabó declarando inadmisible el recurso en este particular, por cuestiones procedimentales. Por tanto, no existe pronunciamiento expreso sobre esta obligación.

DIRECTIVA DE AVES SILVESTRES. ART. 4 (APARTADOS 1 Y 2)

1. Las especies mencionadas en el anexo I serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución.

Los Estados Miembros clasificarán en particular como zonas de protección especial los territorios más adecuados en numero y superficie para la conservación de estas ultimas dentro de la zona geográfica marítima y terrestres en que es aplicable la presente Directiva.

2. Los Estados tomarán medidas semejantes con respecto a las especies migratorias no contenidas en al anexo I cuya llegada sea regular, teniendo en cuenta las necesidades de protección en la zona geográfica marítima y terrestre en que se aplica la presente directiva en lo relativo a sus áreas de reproducción, de muda y de invernada y a las zonas de descanso en sus áreas de migración. A tal fin los Estados asignarán una particular importancia a la protección de las zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia internacional.

Jurisprudencia asociada. Existen cinco Sentencias del TJCE sobre las "medidas de conservación" a aplicar en las ZEPA:

  • Sentencia de 2 de Agosto de 1993 (Asunto C - 355/90). Comisión - Reino de España (SANTOÑA).
  • (6) Sentencia de 18 de marzo de 1999 (Asunto C - 166/97). Comisión - República francesa (ESTUARIO DEL SENA).
  • (7) Sentencia de 25 de noviembre de 1999 (Asunto C - 96/98). Comisión - República Francesa (MARAIS POTEVIN).
  • (18) Sentencia de 27 de febrero de 2003 (Asunto C- 154/01). Comisión " Bélgica. No transposición régimen de protección de ZEPA en la Región Flamenca.
  • (29) Sentencia de 27 de octubre de 2005 (Asunto C- 166/04) LAGUNA DE MESSOLONGI.

En ellas el Tribunal ha declarado:

  • Que el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva de Aves impone a los Estados miembros la obligación de conferir a las ZEPA un régimen jurídico de protección que pueda garantizar, en especial, la supervivencia y la reproducción de las especies de aves mencionadas en el anexo I y la reproducción, la muda y la invernada de la especies migratorias no contempladas en el anexo I cuya llegada es regular (Sentencia de 2 de Agosto de 1993, (SANTOÑA), Sentencia de 18 de marzo de 1999 (ESTUARIO DEL SENA), Sentencia de 25 de noviembre de 1999 (MARAIS POTEVIN), Sentencia de 27 de febrero de 2003 (no transposición régimen de protección de ZEPA en la Región Flamenca), Sentencia de 27 de octubre de 2005 (LAGUNA DE MESSOLONGI).

  • Que NO puede considerarse que dicho régimen jurídico es suficiente cuando:
    • para la ZEPA se ha previsto dictar un plan de conservación en el que se identifiquen Y regulen las actividades que conllevan una alteración de los ecosistemas, y dicho plan no haya sido emitido (Sentencia de 2 de Agosto de 1993 (SANTOÑA).
    • el único estatuto de protección conferido a una ZEPA sea el de haber sido prohibida la caza en ella (Sentencia de 18 de marzo de 1999 (ESTUARIO DEL SENA). En este sentencia, además, el tribunal no dio ningún valor al hecho de que los terrenos fueran propiedad del Estado.
    • el único estatuto jurídico de protección de una ZEPA sea la aplicación en ella de la Ley de aguas " porque su objetivo es tan sólo gestionar el recurso con carácter general " y la aplicación de medidas agroambientales " porque éstas tan sólo tienen carácter voluntario y puramente incitativo - (Sentencia de 25 de noviembre de 1999 (MARAIS POTEVIN).
    • el único estatuto de protección aplicable sea la suma de la aplicación de normas destinadas a proteger el medio ambiente en general (convenios internacionales, disposiciones constitucionales, normas nacionales delimitadoras de competencias, reguladoras del suelo, etc.) y de la jurisprudencia nacional, sin que las mencionadas normas conciernan específicamente a la ZEPA o a las especies que en ella viven. (Sentencia de 27 de octubre de 2005 (LAGUNA DE MESSOLONGI).

  • En definitiva, los Estados están obligados a establecer un régimen jurídico coherente, específico y completo susceptible de asegurar la gestión sostenible y la protección eficaz de las ZEPA (Sentencia de 27 de octubre de 2005 (LAGUNA DE MESSOLONGI).

En cuanto al momento en el que dicho régimen de protección debe estar vigente ,y aplicable, el Tribunal ha señalado que los Estados deben garantizar que la clasificación de un lugar como ZEPA implique automática y simultáneamente la aplicación de un régimen de protección y de conservación conforme con el Derecho comunitario (Sentencia de 27 de febrero de 2003 (no transposición régimen de protección de ZEPA en la Región Flamenca).

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